Nro 018 Junio 2012 - Miscelánea

La protección judicial de los derechos fundamentales: una visión desde la OIT

Por: Adolfo Ciudad Reynaud

Todos los procesos de modernización de la justicia laboral actualmente en marcha en América Latina se explican por el esfuerzo de los Estados de proporcionar a sus ciudadanos condiciones de trabajo decentes, lo que implica superar la brecha entre el derecho y la realidad como parte del principio de legalidad y del Estado de derecho. Uno de los principales problemas que enfrenta el derecho del trabajo es su falta de eficacia, lo que es particularmente importante en materia de derechos fundamentales en el trabajo pues estos constituyen la base facilitadora de todos los demás derechos laborales. Los textos legales establecen unos parámetros mínimos necesarios, pero la realidad cotidiana dice otra, lo que se explica por la falta de cultura de cumplimiento existente en América Latina.

Adicionalmente Bensusán refiere el tema de los costos de producción y señala que algunos empleadores agobiados por la competencia o por el deseo de maximizar sus ganancias evitan el pleno cumplimiento de la legislación. Señala también que otros asuntos relevantes son los menores niveles educativos de los trabajadores y la falta de información existente. No obstante, destaca que la principal causa es la escasa capacidad del Estado para fiscalizar el cumplimiento de la legislación. Así, señala que "los fiscalizadores del cumplimiento de las leyes carecen de las facultades necesarias, sus recursos son insuficientes y tienden a disminuir, reciben bajas remuneraciones y sin garantías de estabilidad (Schrank, 2004)". Esta falta de eficacia de la justicia laboral,son los menores niveles educativos de los trabajadores y la falta de información existente.

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UNA VISIÓN PONDERADA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL: COMENTARIOS AL RÉGIMEN MYPE Y A LA PROPUESTA DE "LEY DE NUEVA EMPRESA"

Por: Christian Sánchez Reyes

Este modelo de Estado requiere, según el mismo tribunal, de dos requisitos básicos: i) la existencia de "condiciones materiales" para alcanzar sus presupuestos y ii) la identificación del Estado con los fines de su "contenido social"2; precisamente, los fines de su denominado "contenido social" no son más que el logro de la plena efectividad de todos los derechos fundamentales, incluidos por cierto los derechos económicos, sociales y culturales; para ello, dentro del mismo modelo de Estado "democrático y social de derecho" se requiere de "(…) una decidida labor del Estado, por un lado orientada a «realizar acciones» que garanticen un efectivo disfrute de derechos tales como la libertad, seguridad, propiedad (por ejemplo, optimizando los servicios de seguridad, la función jurisdiccional o los registros de propiedad), salud, trabajo y educación (por ejemplo, mejorando los servicios de salud, creando más puestos de trabajo y eliminando el analfabetismo), entre otros; y por otro a «abstenerse» de afectar tales derechos (por ejemplo, no interferir irrazonable y desproporcionadamente en la libertad o propiedad, o no afectar o perjudicar los servicios educativos y de salud existentes)."

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PRINCIPALES NORMAS PUBLICADAS

Ley N° 29873:
Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 29874:
Ley que implementa medidas destinadas a fijar una escala base para el otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE).

Decreto Legislativo N° 1112:
Decreto Legislativo que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.

Decreto Supremo N° 104-2012-EF:
Decreto Supremo que aprueba la escala base y disposiciones complementarias para mejor aplicación de la Ley N° 29874, Ley que implementa medidas destinadas a fijar una escala base para el otorgamiento del incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE).

Resolución Ministerial N° 141-2012-TR:
Aprueban transferencias financieras del programa para la generación de empleo social inclusivo "Trabaja Perú" a favor de diversos organismos ejecutores del sector público y privado.

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